COMISIÓN DE JUSTICIA APRUEBA DICTAMEN PARA ACABAR CON ABUSOS EN AMPAROS Y HABEAS CORPUS

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el Congresista Alberto de Belaunde, aprobó en su octava sesión ordinaria el Dictamen que contiene importantes modificaciones al Código Procesal Constitucional. Uno de los cambios más trascendentes es la restricción a la competencia de los jueces que podrán conocer las demandas de amparo o hábeas corpus contra resoluciones judiciales. A partir de esta modificación, sólo serán competentes los jueces del lugar donde se emitió la resolución judicial firme, acabando así con la cuestionada práctica de interponer hábeas corpus o amparos en un distrito judicial distinto a donde se emitió la sentencia.

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Otra de las medidas aprobadas es la posibilidad de que los ciudadanos comuniquen sus demandas en su idioma originario, en aquellos lugares donde estas lenguas distintas al castellano predominen. Asimismo, se ha previsto el uso de las nuevas tecnologías en los procesos constitucionales, como la notificación electrónica; lo cual permitirá abreviar tiempo y esfuerzos en la tramitación de dichos procesos. Estos aspectos están orientados a mejorar el acceso a la justicia, y la tutela urgente de los derechos. Por último, también se aprobó eliminar pasos dentro de los procesos constitucionales que dilataban su trámite, a fin de garantizar que los ciudadanos obtengan una respuesta pronta en las demandas que planteen.

En segundo lugar, se aprobó el Dictamen del Proyecto de Ley N° 1871/2017-CR. Dicho proyecto propone modificar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes a fin de que sean las Salas de Familia de las Cortes Superiores de Justicia las encargadas de conocer los recursos de apelación, contiendas de competencias, recursos de queja y otros, en el marco de los procesos seguidos contra adolescentes infractores. Dicha modificación tiene como objetivo lograr un adecuado juzgamiento de aquellos adolescentes en conflicto con la ley penal, a quienes se busca garantizar un adecuado proceso, en defensa de sus derechos dada la especial situación en la que se encuentran, sin descuidar por ello los fines propios del proceso en el que se busca el restablecimiento del orden.

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En tercer lugar, se aprobó el Dictamen de los Proyectos de Ley 844/2016-MP, 967/2016-CR y 1276/2016-CR, que promueven la aplicación del principio de igualdad entre jueces y fiscales. Las propuestas fueron presentadas por el Ministerio Público y los congresistas Marisol Espinoza y Javier Velásquez; y sustentan la necesidad de que los jueces y fiscales provisionales gocen de las mismas condiciones de trabajo que los titulares de su nivel pues tienen iguales funciones y responsabilidades. Esto incluye recibir iguales gastos operativos ya que dicho concepto está destinado a solventar los gastos propios del ejercicio de la función.

Cabe señalar que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado a favor de la aplicación del principio de igualdad a los fiscales y jueces provisionales en el 2004.  Así, debido a una omisión del Decreto de Urgencia N° 114-2001, estos funcionarios no habían sido considerados dentro de los gastos operativos otorgados a los fiscales titulares, por lo que mediante este Dictamen se corrige una omisión inconstitucional advertida por el Tribunal Constitucional.

 

De Belaunde remarcó que lo aprobado no genera nuevo gasto al Estado. Así, al momento de que los jueces o fiscales provisionales asumen la plaza del superior inmediato vacante, dicha plaza ya está presupuestada de acuerdo a lo que percibe el titular de ésta, por lo que no se crea ningún gasto adicional al ya presupuestado por la entidad.

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En cuarto lugar, se aprobó el Dictamen sobre el Proyecto de Ley N° 1102/2016-CR que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que fuera presentado por la Congresista Marisa Glave. Conforme a ello, se entiende que la responsabilidad no debe alcanzar solamente al delito de cohecho activo transnacional, sino también incluir los delitos tipificados en el artículo 384°, colusión simple y agravada, y el artículo 400°, tráfico de influencias, del Código Penal.  Ello, a fin de que aquellas personas jurídicas que utilicen su estructura o tengan como único fin la comisión de actividades delictivas relacionadas con la corrupción, sean adecuadamente sancionadas, con independencia de la responsabilidad que podrá recaer sobre las personas naturales que la integran.

 

 

Una respuesta a “COMISIÓN DE JUSTICIA APRUEBA DICTAMEN PARA ACABAR CON ABUSOS EN AMPAROS Y HABEAS CORPUS”

  1. Muchas gracias Señor Congresista.
    Si el proceso se inició en Lima, ya no podrán ir a provincias -muchas veces a más de una- para tratar de burlar las resoluciones judiciales.
    ¡GRACIAS EN NOMBRE DEL PERÚ! 🇵🇪

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