Comisión Investigadora de Abusos aprueba su informe final

Luego de 13 meses de trabajo, la Comisión Investigadora de Abuso Sexual contra Menores de Edad en Organizaciones, aprobó su Informe Final en la décima sesión extraordinaria, celebrada en la mañana del 22 de julio. El Informe, de 1500 páginas, fue aprobado en mayoría por los congresistas Úrsula Letona, Juan Carlo Yuyes y el Presidente, Alberto de Belaunde; mientras que las congresistas Tania Pariona y Ana María Choquehuanca, dejaron constancia de su aprobación.

Por su parte, el Congresista Gilmer Trujillo mostró su respaldo al Informe aprobado, optando por abstenerse en la votación con el propósito de fomentar el debate democrático en el Pleno del Congreso, donde el Informe deberá ser sometido a aprobación final.

La Comisión analizó las políticas institucionales de organizaciones públicas y privadas en materia de prevención, atención, sanción y reparación del abuso sexual contra menores de edad, ofreciendo como resultado de su labor 260 recomendaciones dirigidas a 8 entidades públicas, a los medios de comunicación y a las organizaciones religiosas.

A lo largo de la investigación se desarrollaron: 48 sesiones parlamentarias, 12 visitas inopinadas (8 de las cuales fueron descentralizadas), 5 mesas técnicas y 4 reuniones de participación ciudadana, donde se priorizó la participación de los niños, niñas y adolescentes.

 

Fuente: Nota de prensa de la Comisión Investigadora

De Belaunde: “Ninguno de los 130 congresistas es dueño de la Plaza Bolívar”

El legislador Alberto De Belaunde, de Bancada Liberal, afirmó que debe de convocarse a una Junta de Portavoces del Congreso para definir la situación de la Plaza Bolívar.

De acuerdo a De Belaunde, el Parlamento debe definir si ese espacio es un espacio público o no, y dependiendo de eso, saber si estará abierto a personas que participen en algún colectivo o marcha.

“Espero que pasada esta coyuntura podamos tener una discusión que sería a través de la Junta de Portavoces sobre la situación de la Plaza Bolívar, para determinar si es que se trata de un espacio público”, declaró el legislador a Agencia Andina.

En ese sentido, el también vocero altero de Bancada Liberal sostuvo que sería importante que se decida que la Plaza Bolívar esté abierto a la ciudadanía, y que no dependa de la propuesta y autorización de un parlamentario.

“Debemos tener en cuenta que ninguno de los 130 congresistas somos dueños del espacio público y la Plaza Bolívar es un espacio público”, agregó.

El último 27 de junio, el colectivo ‘Marcha del Orgullo’ ingresó a dicho espacio, luego que el presidente del Congreso, Daniel Salavarry lo autorizara.

Alberto de Belaunde exige aprobación de proyectos de ley a favor de la comunidad LGTB

El congresista de la Bancada Liberal,  Alberto de Belaunde, exigió que el proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario y otras iniciativas a favor de la Comunidad LGTB se debatan en la próxima legislatura que se inicia en julio.

Desde la Plaza Bolívar del Congreso de la República, De Belaunde destacó la importancia de que los miembros de esa comunidad cuenten con los derechos necesarios para vivir como cualquier otro ciudadano en el Perú.

“Tenemos una serie de proyectos presentados (en el Parlamento) que lamentablemente duerme en el país. Exigimos que este debate (del proyecto de ley del matrimonio igualitario) se pueda dar en la siguiente legislatura”, manifestó.

Luego, Alberto de Belaunde precisó que todos los peruanos deben tener la potestad de ser felices.

“Sin importar cuál es su identidad todos los peruanos tiene la potestad de ser felices”, refirió.

Los parlamentarios de diferente bancadas participaron del evento de la comunidad LGTB como Marisa Glave de Nuevo Perú.

Así como también, la vicepresidenta de la República y congresista de Peruanos por el Kambio, Mercedes Aráoz, entre otros como Guido Lombardi.

 

Fuente: Diario Correo

Ricardo Morán y Susel Paredes se reunen con Alberto de Belaunde en el Congreso

El productor de televisión Ricardo Morán y la gerenta de fiscalización de la Municipalidad de la Victoria, Susel Paredes, llegaron al Congreso de la República para participar de la mesa de trabajo “Familia diversas” con el congresista de la Bancada Liberal Alberto de Belaunde.

El jurado del programa ‘Yo Soy’ evitó dar declaraciones a la prensa, pero Paredes aseguró que asistió para conversar sobre su experiencia con el parlamentario.

“He recibido una invitación del congresista Alberto de Belaunde. He venido para esta mesa de trabajo, donde vamos a hablar de los temas que el parlamentario nos ha pedido. Por eso es que puedo salir de mi trabajo. Tengo una familia, somos mi esposa y yo. Vengo requerida por el congresista a contar esta experiencia“,expresó a la prensa.

“El hecho de que un congresista gay nos invite a las personas que tenemos procesos es un gran resultado desde ya”, agregó.

Asimismo, Susel Paredes evitó responder al congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, quien cuestiona constantemente la marcha del orgullo y la manifestación que se dará hoy en la Plaza Bolívar del Parlamento.

“En este magno recinto debo decir que la opinión de Héctor Becerril me da igual”, indicó.

Fuente: Correo

De Belaunde: es fundamental saber a qué congresistas financió Odebrecht

El legislador de Bancada Liberal, Alberto de Belaunde, consideró fundamental saber a qué congresistas financió la constructora Odebrecht porque esa información ayudará a moralizar la clase política en nuestro país.

Sostuvo que es relevante conocer ese detalle porque en el Congreso se discute una reforma política que pone énfasis en la lucha contra la corrupción y sería gravísimo que parlamentarios financiados por Odebrecht no hayan revelado el evidente conflicto de intereses.
“El equipo de fiscales del caso Lava Jato ha demostrado que ni los expresidentes, ni los líderes de los partidos políticos son intocables. Es hora de demostrar que los congresistas tampoco son intocables”, dijo el legislador en declaraciones a la agencia Andina.
De Belaunde dijo esperar que todavía exista la posibilidad de que los fiscales del Equipo Especial Lava Jato puedan conseguir esta información.
“Acá no puede haber intocables, no importa si son congresistas, funcionarios o personalidades. Todos los que han cometido alguna irregularidad o delito tienen que ser investigados y si corresponde ser procesados y sentenciados”, expresó.
Advirtió que quizá el país se llevaría muchas sorpresas de obtener esa información y también la explicación a muchos comportamientos y declaraciones de algunos legisladores.
El legislador destacó también la reciente homologación del acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y Odebrecht porque permitirá utilizar los interrogatorios realizados a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros exdirectivos de la constructora brasileña en los procesos judiciales que se siguen en nuestro país.
Resaltó que el Poder Judicial ha respaldo el trabajo del Ministerio Público y ha reconocido que existe proporcionalidad entre la información que ha entregado la empresa brasileña y los beneficios otorgados por la fiscalía.
“Esto echa por tierra a todos los políticos y analistas que decían que era un mal acuerdo o entreguista. Demuestra que la fiscalía ha venido actuando de manera adecuada”, señaló.
En marzo del 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró al  procurador brasileño Orlando Martello, que el dinero entregado a Jaime Yoshiyama también se utilizó en la campañas de congresistas.
Fuente: Andina

“No hay dicotomía entre la reforma política y demandas sociales”

El legislador de la Bancada Liberal (BL), Alberto de Belaunde, cuestionó que se trate de establecer una dicotomía entre la reforma política, orientada al fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción, y las demandas sociales en salud, educación o seguridad ciudadana.

Advirtió que la corrupción en la política afecta directamente la vida cotidiana de los ciudadanos, lo cual, subrayó ha quedado evidenciado en los audios de los magistrados del CNM o en el número de autoridades regionales y locales presas, prófugas o procesadas por malos manejos.
“Conocimos el caso de los Cuellos Blancos a través de una investigación de narcotráfico. Ese es el nivel de conexión entre política, criminalidad y corrupción en el país y eso es lo que necesitamos cambiar”, sostuvo durante su participación en el debate sobre la cuestión de confianza en el Congreso.
De Belaunde dijo que es cierto que al Ejecutivo le corresponde gobernar y ejecutar, mientras que al Congreso, legislar; sin embargo, consideró que ello no era un obstáculo para aprobar e implementar la reforma política.
“Cuando vimos el inmenso aniego en SJL que hizo colapsar el hospital, los servicios y la vida de las personas, estábamos viendo la la corrupción en marcha, que es permitida y tolerada. No podemos ningunear la reforma política (…) si queremos un país distinto de cara al Bicentenario tiene que ser prioridad”, manifestó.

Sobre la decisión del Ejecutivo se someter proyectos de reforma política a cuestión de confianza, el legislador dijo que ha quedado claro que el gobierno lo ha planteado dentro de sus

competencias constitucionales.
Al respecto, mencionó la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado que estableció que no se podía poner límites a la cuestión de confianzamediante una modificación al Reglamento del Congreso.
De la misma forma, refirió que cuando el Congreso plantea una interpelación o censura a un ministro, el Ejecutivo tampoco puede plantear restricciones.
“La cancha está trazada, hay quienes queremos reforma política y apoyaremos con nuestro voto la misma y los que no están convencidos deberían rechazarla sin importar cuáles son los  supuestos que vendrán después”, sostuvo.
Fuente: Andina

Alberto de Belaunde: Fuerza Popular entorpece la aprobación de la reforma política

El parlamentario de Bancada Liberal Alberto de Belaunde señaló que la presencia mayoritaria del fujimorismo en la Comisión de Constitución es perjudicial para los proyectos de reforma.

El congresista de la República Alberto de Belaunde cuestionó el rol de Fuerza Popular en el Parlamento.

Criticó que integren de forma mayoritaria la Comisión de Constitución (presidida por Rosa Bartra), pues -a su juicio- entorpece la reforma política, y detalló que debe haber una recomposición en ese y todos los grupos de trabajo para que FP no los presida.

“Si se hubiera concretado la recomposición hace meses, una consecuencia muy concreta es que hoy Pedro Chávarry ya no sería fiscal. El fujimorismo no impondría su mayoría ficticia y digo ficticia porque ya no tiene el número de congresistas que tenía hace dos años”, comentó para Andina.

“Al fujimorismo, le tocará perder un par de comisiones de trabajo. Hace meses llegamos a un acuerdo de portavoces, el cual fue bloqueado en el Pleno, pero la situación actual amerita que se cumpla con lo acordado”, añadió.

Asimismo, también habló sobre el anuncio formal del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sobre el debate de la cuestión de confianza en el Pleno; en ese comunicado critica de forma severa al fujimorismo.

“Es por eso que se hace indispensable la recomposición de todas las comisiones del Congreso. Basta ya que la cúpula de una bancada afecte la lucha contra la corrupción, bloquee las reformas y contribuya con el desprestigio de este poder del Estado”, dijo Salaverry.

A su turno, Alberto de Belaunde sostuvo que su postura es importante porque Salaverry ha sido parte de Fuerza Popular y conoce el pasado reciente de esa bancada.

“Su declaración reviste una importancia particular porque habla de lo que él vio en esa bancada. A mí me parece una exhortación muy válida porque lo que debe primar en los congresistas es la coherencia y no un falso espíritu de cuerpo. La lealtad no debe ser hacia un partido sino hacia los ciudadanos que nos eligieron”, apuntó Alberto de Belaunde.

De Belaunde: llegamos a situación límite por actitud confrontacional del fujimorismo

El congresista Alberto de Belaunde, de la Bancada Liberal, consideró hoy que el país ha llegado a una situación límite, con el anuncio de la cuestión de confianza, debido a la actitud confrontacional del fujimorismo en el Congreso, que ha impedido llegar a consenso.

“Todos debemos tener claro que si hemos llegado a esta situación límite se debe a la actitud confrontacional, poco constructiva y sectaria que ha tenido el fujimorismo durante los dos años y medio”, aseguró.
Esa conducta, en opinión del parlamentario, ha impedido buscar consensos y pensar en una agenda país, dado que la bancada de Fuerza Popular siempre estuvo buscando el beneficio propio para las siguientes elecciones y cómo blindar a quienes consideraban aliado.
Se trata, refirió de una actitud muy poco sana del Congreso.
Consideró como lamentable que en vez de que el Congreso trabaje en normas importantes para el país, como en seguridad ciudadana, se deba discutir ahora la cuestión de confianza anunciada por el presidente Martín Vizcarra.
De Belaunde sostuvo que la Bancada Liberal se reunirá para tomar en conjunto una decisión sobre el anuncio formulado por el mandatario respecto a la cuestión de confianza sobre las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción.
En lo personal, sin embargo, precisó que es de la opinión de negar el pedido de confianza al Gabinete, a pesar de que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, tiene toda su confianza.
“Se abriría una vía constitucional y se convocaría a un nuevo Congreso, este Congreso demostró que no aprende de la situación crítica parecida que tuvimos con la reforma de la justicia, pasa el tiempo y la actitud negativa continúa”, apuntó.
El parlamentario dijo además que la decisión de la Comisión Permanente de archivar la acusación constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, todavía puede ser revisada, como sucedió con el caso del exjuez supremo, César Hinostroza.
“La ciudadanía debe estar atenta, movilizarse democráticamente, que el caso Chávarry no quede impune”, afirmó.
Fuente: Andina

De Belaunde: Proyecto de Becerril “intenta amordazar a los fiscales”

El parlamentario de Bancada Liberal aseguró que el proyecto de Becerril, que plantea ancionar a los fiscales que filtren información sobre sus casos, tiene nombre propio y busca afectar a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato.

El parlamentario Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) se pronunció este martes en contra de la iniciativa planteada por el legislador Héctor Becerril de Fuerza Popular, que busca destituir a los fiscales que filtren información reservada.

Para De Belaunde, este es un proyecto con nombre propio que tiene la finalidad de amordazar a los representantes del Ministerio Público, debido a que no quiere que la Fiscalía pueda compartir información sobre los procesos como lo hacen las defensas de los investigados.

“Se intenta amordazar a los fiscales, no se está entendiendo el rol de fiscal, pues se cree que solo los abogados de la defensa pueden compartir información de los procesos, y no se quiere que la Fiscalía pueda estar en igualdad de condiciones con aquellos”, dijo a la agencia Andina.

Respaldó a fiscales

El parlamentario comentó también que la población aprueba a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez y Rafael Vela pese a la campaña de demolición que se emprendió en su contra y que su aprobación incomode a grupos políticos como Fuerza Popular.

“No ha funcionado la campaña de demolición en contra de los fiscales y necesitan atacarlos de alguna otra manera, ya que no cuentan más con un aliado en la Fiscalía de la Nación para que los incomode. Es así de claro”, dijo.

De Belaunde también consideró que el proyecto de Becerril muestra una clara intencionalidad de afectar a los fiscales, por lo que no debería avanzar en el Congreso de la República y debería desestimarse.

Propuesta de Becerril

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) presentó un proyecto de ley que plantea como falta muy grave que un fiscal comparta, transmita, comunique, filtre o entregue a terceros la información reservada sobre una investigación a su cargo.

Esta iniciativa busca introducir en el artículo 33 de la Ley de Carrera Fiscal el deber de “ejercer la custodia y guardar reserva de toda la información reservada proveniente de una investigación a su cargo”.

 

Fuente: RPP Noticias

Presentan proyecto de ley para despenalizar los delitos contra el honor

Cuatro congresistas de la Bancada Liberal presentaron un proyecto de ley que busca despenalizar los delitos contra el honor y fortalecer el ejercicio de las libertades de expresión e información. La iniciativa deberá ser debatida por la Comisión de Justicia del Parlamento.

El texto, que lleva las firmas de los legisladores Alberto de Belaunde, Gino Costa, Francisco Petrozzi y Guido Lombardi, plantea establecer procedimientos civiles de rectificación y de sanción de las infracciones contra el honor.

“Los congresistas liberales presentamos un proyecto de ley para despenalizar los delitos contra el honor. Así, pasarían a ser infracciones sancionables en procedimiento civil. Amenaza de prisión no seguiría afectando labor de la prensa”, enfatizó en su cuenta de Twitter el congresista De Belaunde.

Se consideran infracciones contra el honor:

1.- La injuria: ofensa o ultraje a una persona con palabras, gestos o vías de hecho.
2.- Calumnia: atribuir falsamente a otro un delito.
3.- Difamación: atribuir a una persona un hecho, cualidad o conducta que pueda perjudicar su honor y reputación, ante varias personas, reunidas o separadas, de forma que pueda difundirse la noticia.
4.- Difamación o injuria encubierta: rehusarse a dar en un juicio explicaciones satisfactorias.

De aprobarse la iniciativa legal, los procesos en trámite ante los juzgados y salas penales serán trasladados a los jueces y salas civiles para su juzgamiento y resolución. Además, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial designará a los magistrados que apliquen la nueva disposición.

El texto deroga el Título II: delitos contra el honor, del libro segundo del Código Penal y la Ley 26775 que establece el derecho de rectificación de personas afectadas por afirmaciones inexactas en medios de comunicación.

-Procedimiento-
Respecto al proceso de sanción de las infracciones contra el honor, la propuesta indica que el juez civil o mixto es competente en primera instancia. Establece que dentro de los quince días de cometida la conducta infractora, el agraviado puede interponer una demanda, que se calificará en un máximo de 48 horas.

Admitida la solicitud, en el plazo máximo de 48 horas, el juez citará al agraviado y a las personas señaladas como responsables a una audiencia que se celebrará dentro de las 72 horas.

Durante la audiencia, el juez instará a ambas partes a llegar a un acuerdo. En caso contrario, el juez dictará sentencia, la que será apelable en el plazo de tres días.

-Las multas-

El proyecto propone que, sin perjuicio de las indemnizaciones, el juez podrá aplicar multas que van desde 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) hasta 10 UIT, según el siguiente esquema:

alberto de belaunde

El proyecto, presentado el 10 de abril, señala que toda persona, en mérito al artículo 2 de la Constitución, puede solicitar al juez la rectificación o respuesta a una publicación en un medio de comunicación que considere que le haya afectado con informaciones inexactas o agraviantes, sin perjuicio de la responsabilidad civil que ello puede derivar.

Plantea que la persona afectada o su representante legal ejerza el derecho de rectificación mediante una solicitud notarial al director del medio de comunicación y a falta de éste a quien haga sus veces, dentro de los tres días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar.

Mientras que el medio de comunicación, agrega el texto, deberá responder la solicitud en un plazo máximo de 48 horas y de acceder realizará la publicación rectificatoria en un máximo de siete días.

-Argumentos-
​Los autores del proyecto explican que la iniciativa surge a partir de la preocupación que genera la inadecuada regulación que existe sobre los delitos contra el honor en el Perú.

“Esta normativa necesita ser repensada por una regulación que fortalezca el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información que corresponde a los ciudadanos y a los medios de comunicación”, remarcan los congresistas.

 

Fuente: El Comercio